Por qué los viajes de Hasam, Sathyan y Gul concidieron en Quito

Las olas devolvieron cuatro cadáveres a la playa. Los guardacostas encontraron otros tres cuerpos flotando aguas adentro. La endeble lancha nunca apareció. Hasam, un sobreviviente, estaba asustado y desconcertado. Pensó que Alá quería la muerte de quienes lo pusieron en esa embarcación. Así se lo recriminó por teléfono al coyotero que coordinó su travesía.

La policía interceptó esa llamada. En la transcripción, con el precario español de Hasam, quedó descrita la tragedia: “Esa lancha… un chico mira que abajo tiene un hueco… entraba mucho y yo le sacaba agua… dijo vamos saliendo para tierra, media hora no pasó nada… después entró mucha agua… el barco se quebró… yo me voy muy lejos del barco… tenía cerca una chica de Nepal, ella inconsolable, esposo se fue… gritábamos un cubano, un nepal, un chico indian…”.

Al otro lado del teléfono, el coyotero le preguntó por una mujer y su hijo, pero Hasam no sabía qué había pasado con ellos.

El traficante era Sanjeev Kumar, un ciudadano indio domiciliado en Quito. Desde la capital ecuatoriana coordinaba el traslado de migrantes que iban a Norteamérica. Las autoridades aseguran que lo hizo al menos con 110 personas. Una de ellas fue Hasam. La lancha que transportaba al grupo naufragó en Acandí, un pueblo sobre el Golfo de Urabá, en el Caribe colombiano, a inicios de 2013. Un documento, hallado en el bolsillo de un pantalón, permitió identificar solo a uno de los fallecidos: Ali Kumar Gautam, nepalí.

Esa tragedia muestra cómo los traficantes aprovechan la urgencia de los migrantes por hacerse a una mejor vida, y los ponen en peligro. Como socio de la investigación periodística transfronteriza Migrantes de otro Mundo*, del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), la organización europea Occrp y 16 medios aliados, EL UNIVERSO analizó seis procesos legales ya juzgados en contra de redes de coyoteros, y presenta un retrato del modus operandi de este negocio ilegal que, a veces, se combina con extorsión y secuestro.

Sathyan, un hombre de 28 años de nacionalidad india, pasó seis meses encerrado en la habitación de un supuesto hostal, bajo estricta vigilancia y chantajeado por coyoteros que le exigían miles de dólares.

Su sueño era ir a trabajar a Canadá y se contactó por internet con un intermediario y agente de viajes en India. Salió de Mumbai , pasó por El Cairo, Roma y aterrizó en Quito. Su plan era vivir seis meses en Ecuador hasta tramitar la visa a su destino.

El esfuerzo fue grande. Antes del viaje pagó 5 000 dólares. Luego entregó otra cuota de igual valor a su compatriota Nayi Nayankumar Ambalal, cuando este lo recibió en el aeropuerto. Ambos salieron de la terminal aérea y recorrieron apenas un kilómetro en auto hasta el hostal, una casa grande de dos plantas en Tababela, una parroquia rural de Quito.

Ahí, le quitaron a Sathyan su pasaporte y su celular, y lo encerraron en una habitación bajo llave junto con otro migrante. Al inicio asumió que los necesitaban para hacer los trámites. Al día siguiente se dio cuenta que había más gente en la casa, en cada dormitorio vivían dos o tres personas. Solo podían salir de los cuartos una vez al día para comer. La vigilancia estaba a cargo de otras personas de la India.

La promesa de conseguirle visa y trabajo en Canadá seguía en pie, pero ahora le exigían el pago de 12 000 dólares. Con el pasar de los días se dio cuenta de que se trataba de una extorsión.

Sathyan había caído en las manos de una red de coyoteros que tenía una base importante en Ecuador. Como su Constitución de 2008 reconoció la ciudadanía universal y por muchos años, todos los extranjeros eran bienvenidos al país sin ningún tipo de visa.

Las mafias dedicadas a ese negocio aprovecharon esa puerta abierta para facilitar desde Quito la travesía hacia el norte por vía terrestre. A diferencia de Ecuador, varios de sus países vecinos hacia el norte le cerraban el paso a los migrantes, y por tanto, los traficantes podían cobrar caro para asegurarles el paso. En 2010, Ecuador decidió imponer visa a doce países y, el año pasado, a doce más, incluido India.

En el caso de Sathyan, el eslabón de esta red era el empresario Nuyi Nayankumar Ambalal. Ya vivía varios años en el país, divorciado, tenía la doble nacionalidad y alquilaba un departamento en el centro norte de la ciudad. "Destino" era el nombre que había puesto a su agencia de viajes en el norte de Quito y a su hostal en Tababela, aunque este no exhibía un letrero. Ahí Sathyan permaneció encerrado seis largos meses.

A pesar de la vigilancia, uno de los migrantes logró alertar a un familiar, que a su vez denunció el caso al consulado de la India en Bogotá. Las autoridades actuaron y, en enero de 2014, la policía ecuatoriana allanó el hostal Destino y liberó a once víctimas, de entre 22 y 32 años. Todos pasaron al programa de testigos protegidos. Sus historias eran muy similares.

En la casa se encontraron computadoras, celulares y varios chips de teléfono, así como decenas de pasaportes de diversas nacionalidades –de Paraguay, China, Polonia, Letonia y otras–, invitaciones falsas notariadas y sellos del Registro Civil de Ecuador. Sathyan y algunos otros fueron deportados a su país, donde seguramente los esperaban las deudas contraídas para financiar el viaje.

Nuyi Nayankumar Ambalal fue condenado a tres años de prisión, sus cómplices a un poco menos. Quedó en libertad a inicios de 2017 y a los pocos meses, en julio, fue detenido nuevamente, esta vez en Esmeraldas, provincia fronteriza con Colombia. El delito: intentaba obtener un pasaporte ecuatoriano con cédula falsa.

A pesar de la evidencia y de sus antecedentes, un juez lo excarceló para que se defendiera en libertad. Le devolvieron su vehículo y los 2 000 dólares que llevaba consigo. En abril de 2018, lo llamaron a audiencia, pero él ya se había esfumado.

Por tierra y ríos

Gul, un paquistaní de 40 años, llegó a la frontera colombo ecuatoriana luego de nueve días de travesía incansable, por tierra y ríos, desde Brasilia. Él y otros tres migrantes, guiados por un coyotero, recorrieron Mato Grosso y se adentraron en la selva amazónica hacia el noroeste para tomar un barco rumbo a Perú. Sobre el mapa, trazando una línea recta, la distancia que hicieron mide 4 mil kilómetros.

Gul no reconocía qué ciudades ni poblados atravesó. Al final, el grupo tomó un taxi que los dejó en el límite con Ecuador y siguieron en bus hasta Colombia.

Parecía que lograron evadir todos los controles. Dejaron atrás Ecuador y llegaron a Pasto, Colombia, a dos horas de la frontera en bus. Ahí les cayó la policía el 2 de diciembre de 2016.

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos seguía de cerca la pista del coyotero que lideraba el grupo, Ulla Kifayat. Lo acusaba de haber transportado, meses atrás, a un sospechoso de terrorismo, que llegó a San Diego (California).

La policía colombiana entregó al traficante a las autoridades de Ecuador, donde tenía una orden de captura en firme. Gul pasó al Sistema de Protección de Víctimas y Testigos.

Dentro de ese sistema, los migrantes rescatados son custodiados en casas de seguridad o en hostales. Un funcionario que trabajó cinco años en esa dependencia contó que cuando se alojaba a migrantes venidos de África y Asia la convivencia se complicaba, por falta de traductores. “Gritaban y no se les entendía; se molestaban porque pasaban solo encerrados”, dijo.

Casi todos los migrantes eran hombres jóvenes. La mayoría, que no tenían su permanencia en Ecuador en orden, eran llevados a migración para tramitar su deportación. Pocas personas colaboraban con la justicia, relató el funcionario, pues estaban bajo amenaza de los coyoteros y solo les interesaba salir para seguir su viaje. “De diez, unos tres daban sus testimonios anticipados”, indicó.

Gul sí declaró. Frente a un fiscal, contó que tenía problemas económicos en su país y que un amigo le ofreció llevarlo a Estados Unidos por 16 000 dólares con la condición de que, si la Policía lo detuviera en algún lado, no debía dar ningún nombre, de otro modo su familia correría peligro.

Pagó los primeros 10 000 dólares en Pakistán. Voló a Dubai, Estambul y Brasilia. Ahí permaneció en la casa de Kifayat, a quién le entregó los 6 000 dólares pendientes.

Sin embargo, en una entrevista con una perito psicóloga de la Función Judicial, Gul cambió de versión. Esta vez reveló que un grupo terrorista talibán quería captarlos a él y a sus familiares para que fueran “elementos de explosivos”. Como se negó a formar parte de los talibanes, recibió amenazas y por eso decidió migrar.

Tras su arresto en Colombia, el traficante Kifayat logró llamar por teléfono a otro miembro de su organización, pidiéndole que nadie intentara ubicarlo. El Departamento de Seguridad Nacional estadounidense grabó esa conversación.

Kifayat recibió en Quito una sentencia de siete años de cárcel en octubre de 2017, la pena mínima prevista en el Código Integral Penal para el tráfico ilegal de migrantes. No obstante, es la pena más severa de los procesos revisados en Ecuador por esta alianza periodística.

Las sentencias

Policías encubiertos siguieron durante diez meses, entre 2014 y 2015, las operaciones de una red de tráfico de migrantes provenientes de India y Nepal. Los primeros llegaban a los aeropuertos de Guayaquil y Quito, pues no necesitaban visa para ingresar al país; los nepalíes, que sí debían presentar ese requisito, entraban por tierra en la frontera sur sin sellar sus pasaportes en Migración.

La red los recibía y los trasladaba en buses de transporte público hasta la frontera con Colombia. Para no llamar la atención, los migrantes tenían que despojarse de sus atuendos típicos, el salwar kameez, y cortarse el cabello.

Iban de Huaquillas en la frontera con Perú, a Guayaquil, a Ambato y a Quito, donde hacían una parada obligatoria. Ahí se hospedaban en hostales de la zona rosa, en La Mariscal, o del Centro Histórico o del norte, en el sector de La Y.

Se quedaban unos pocos días hasta planificar el último tramo del recorrido hasta Rumichaca, en la frontera con Colombia, donde otra red tomaba la posta y los llevaba más al norte.

Como parte de la investigación, la Policía paraba los buses en el control de Mascarilla (en la provincia ecuatoriana de Imbabura) y pedía documentos a todos los pasajeros. Así lograron identificar a 74 migrantes en los 10 meses de pesquisa. Llevaron un registro con sus nombres, números de pasaporte y fechas de nacimiento. A todos los dejaron pasar. Hasta tomaron fotos cuando se embarcaban en vehículos en Rumichaca para ingresar a Colombia.

Las redes de tráfico tenían estudiados los controles policiales en las carreteras. En el expediente judicial de otro caso consta la transcripción de una llamada telefónica entre miembros de una organización. Un interlocutor explica que, para evadir los controles, los migrantes no debían ir de Quito a Rumichaca en un solo bus. Luego detalla el itinerario de paradas en buses interparroquiales y camionetas.

La Policía hizo la redada en abril de 2015. Rescató a catorce migrantes y detuvo a once sospechosos. Cinco aceptaron su participación y recibieron una pena de 20 meses en un procedimiento abreviado.

El líder de la organización, el ecuatoriano-paquistaní Muhammad Kamran, fue el último condenado. Insistió en su inocencia hasta octubre de ese año, cuando también recibió 20 meses de cárcel en un proceso abreviado, por tráfico de migrantes.

Sanjeev Kumar, el coyotero que participó en el traslado de migrantes que naufragaron en el caribe colombiano en 2013, también recibió una rebaja de pena.

La investigación policial de esta red, como se dijo antes, empezó por una denuncia anónima. Los agentes ubicaron los hostales y un departamento donde se hospedaban los migrantes en Quito e hicieron el seguimiento encubierto. Documentaron el traslado de tres nepalíes y dos bangladesíes que habían ingresado al continente por Bolivia y no tenían los sellos de ingreso a Perú ni a Ecuador.

En la redada, la Policía rescató a cuatro hombres provenientes de la India que vivían hacinados en un cuarto en el barrio La Florida, al norte de Quito. Dormían en colchones acomodados sobre el suelo. Dos miembros de la organización habían alquilado ese inmueble diciéndole al dueño que lo ocuparían unos jóvenes indios que venían a aprender español.

Seis sospechosos -tres de Nepal y tres de India- fueron detenidos. Los agentes encontraron en sus domicilios los documentos de 110 migrantes: pasaportes, solicitudes de visa, reservas aéreas y transferencias bancarias. Algunos pasaportes registraban ingresos por aeropuertos de Brasil, Bolivia y Ecuador.

En agosto de 2014, Sanjeev Kumar y dos procesados recibieron cuatro años de cárcel, la pena mínima contemplada en el Código Penal antiguo, y obtuvieron una rebaja por no tener antecedentes. La condena quedó en tres años. Otro miembro fue sentenciado a 18 meses en calidad de cómplice; y otros dos más, a un año por encubridores.

Los compañeros de viaje Hasam que cayeron en 2013, no fueron los últimos migrantes en morir ahogados intentando cruzar la frontera entre Colombia y Ecuador. Migrantes de Otro Mundo documentó, entre 2016 y hasta fines de abril de este año, al menos cinco naufragios más, en los que murieron ahogadas al menos 75 personas. Sucumbieron en lanchas precarias que no resistieron el oleaje del mar, o fueron arrastrados por las crecidas súbitas de ríos selváticos en medio del Tapón del Darién. Ellos perdieron la vida. Los traficantes que los condujeron por esas sendas peligrosas apenas, unos años de libertad.