El 19 de diciembre de 2018, el teléfono con código de Honduras +504 32557396 se comunicó vía WhatsApp con el número +509 41903522, con código de Panamá.

Aníbal había intentado comunicarse por tres horas con Nguyen antes de que este por fin le respondiera sus mensajes. Desde las 6 de la mañana de ese día preguntó a Nguyen “Hermano, ¿ya estás en el avión?”, sin recibir respuesta. El vietnamita no tenía acceso a wi-fi. 

Cuatro horas después de bajar del vuelo CM 410, de la compañía Copa Airlines, presentó su pasaporte salvadoreño A00620713, bajo nombre de Carlos Van Nguyen, de nacionalidad salvadoreña y con fecha de nacimiento 20 de octubre de 1983. Cuando el oficial de Migración Erick G. pasó el documento por el lector de pasaportes, la máquina activó una alerta de error. Por ello, el oficial llevó el pasaporte y a su propietario a la oficina de la Policía que tiene sede en el Aeropuerto Internacional Óscar Arnulfo Romero, de El Salvador. 

Un investigador policial, de apellido Rodríguez, revisó el pasaporte y notó anomalías. Así se lo dijo a su compañero de oficina: que el documento parecía un simple escaneo de un pasaporte real. Rodríguez le preguntó a Nguyen de dónde venía y hacia dónde iba. Nguyen solo contestó con gestos, pero de alguna manera logró explicarles que afuera del edificio del aeropuerto alguien lo esperaba.

Otro investigador policial, de apellido Herrera, acompañó a Nguyen afuera del edificio, donde identificaron a dos personas. Un hondureño, Aníbal Rivera Munguía, y una salvadoreña. El hondureño fue quien aseguró, según la declaración que posteriormente dio el investigador, que él estaba ahí para esperar a un pasajero asiático, y que buscaba llevarlo a la frontera de Entre Ríos, entre San Pedro Sula (Honduras) y Puerto Barrios (Guatemala); a unos 400 kilómetros de ahí.

Del lado hondureño a esta frontera se le conoce como Corinto y está en un área geográfica únicamente compartida por Guatemala y Honduras. El punto salvadoreño más cercano es la frontera de El Poy, aproximadamente a unos 300 kilómetros de la Frontera de Corinto.

Luego de explicar su plan, Rivera Munguía y Nguyen fueron arrestados: el hondureño por tráfico de personas, el asiático por uso de documentos falsos. La salvadoreña no fue detenida e, inexplicablemente, no hay ninguna otra referencia a ella en el proceso judicial. Ni siquiera por qué la dejaron ir.

Ese fue el inicio de una larga cadena de omisiones, decisiones judiciales sin explicación y un extenso espacio muerto para Nguyen, en el que no sucedía absolutamente nada. Ni siquiera le pudieron informar sobre sus derechos tras capturarlo: no había nadie que pudiera traducir para él. Su proceso judicial, que se volvió fofo y pesado; con una indolencia que no es casual para personas como Nguyen, migrantes más invisibles aún que todos los migrantes que a diario escupe: Centroamérica. La revista Factum reconstruyó su historia, como parte de la investigación periodística transfronteriza Migrantes de Otro Mundo, realizada con CLIP, Occrp y otros 16 medios periodísticos.

Los vietnamitas migrantes

La ruta que Nguyen tomó para llegar a El Salvador y viajar de forma irregular no es la que miles de migrantes de Asia y África están recorriendo, en un larguísimo periplo latinoamericano, huyendo de situaciones conflictivas o precarias en sus respectivos países; pero ilustra el rostro más feo de la institucionalidad oficial para atender a los migrantes.

Nguyen viajó desde República Dominicana hacia Panamá. Y de Panamá hacia El Salvador, vía aérea. Desde la primera audiencia en su contra, en el Juzgado de Paz de San Luis Talpa (departamento de La Paz), manifestó, a través de una intérprete, ser de nacionalidad vietnamita, que su nombre real era Van Dung Nguyen y que lo único que quería era regresar a su país de origen, donde tenía familia, dos hijos y se dedicaba a trabajar con estructuras metálicas. Esa audiencia fue el 24 de diciembre de 2018, en la víspera de Navidad. El juez consideró que había indicios para seguirlo procesando y decidió enviarlo a prisión preventiva, a la subdelegación policial de San Pedro Masahuat (La Paz). Las celdas de la subdelegación están diseñadas para albergar a 20 personas, pero en ocasiones han albergando hasta 126 procesados.

Dos días antes, Rivera Munguía también fue enviado al mismo lugar, procesado por tráfico de personas. A él lo había asistido el mismo abogado de oficio que atendió a Nguyen.

Aunque el abogado defendió los intereses del acusado por tráfico dos días antes, su alegato a favor de Nguyen fue que él era víctima de tráfico de personas, tal y como la misma Fiscalía General de la República (FGR) planteaba en su acusación contra Rivera Munguía. La defensa no fue suficiente.

Hasta donde se pudo constatar, Nguyen es el primer migrante de nacionalidad vietnamita oficialmente registrado en los últimos años en El Salvador. De acuerdo a la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) de El Salvador, entre 2011 y 2019 no había sido detenida ninguna persona en situación migratoria irregular de nacionalidad vietnamita. Tampoco por algún delito.

En Guatemala, hacia donde dijo Rivera que se dirigían, el Instituto Guatemalteco de Migración (IGM) tampoco ha registrado migrantes de Vietnam desde 2008. Un panorama ligeramente distinto lo ofrecen las estadísticas de migración irregular de México, la siguiente parada natural en la ruta hacia el norte. Entre 2012 y 2019, la Unidad de Política Migratoria del gobierno mexicano reportó 55 vietnamitas en condición irregular. 26 de ellos únicamente en 2019.

Estados Unidos, el país destino por antonomasia para miles de migrantes irregulares, apenas registra la detención de 411 vietnamitas entre 2007 y 2018 por parte de la Patrulla Fronteriza. Para hacerse una idea, en el mismo período 26 213 ciudadanos de la India fueron detenidos en Estados Unidos.

Millones de vietnamitas están logrando migrar en los últimos años a través de trabajos técnicos, la academia y acceso a estudios superiores, encontró un estudio del Ministerio de Asuntos Exteriores de Vietnam de 2012, retomado por la Organización Internacional de Migraciones (OIM).

Sin embargo no todos tienen esas oportunidades. Hay regiones más pobres y con poco empleo, como la provincia de Ha Tinh, al norte del país con costas sobre el Mar del Este, de donde vino Nguyen. De allí también venían los 39 vietnamitas que murieron asfixiados adentro de un camión en Londres en octubre pasado, noticia que le dio la vuelta al mundo. Y también allí las autoridades vietnamitas arrestaron a los sospechosos de tráfico de personas en conexión con el caso de la capital británica. 

Pero los juzgados salvadoreños no sabrían eso hasta meses después que Nguyen fue arrestado.

La audiencia que nunca llega

Como Rivera Munguía tenía un proceso en su contra por tráfico de personas, había que tomar la declaración anticipada de su víctima, Nguyen. De esta forma –según dijeron a Factum la Fiscalía salvadoreña y otras fuentes judiciales – podían darle refugio o devolverlo a Vietnam más rápidamente. Pero para poder realizar la audiencia, era obligatorio contar con un intérprete.

La programaron inicialmente para el 13 de febrero de 2019. Pero no conseguían a alguien que pudiera traducirle a Nguyen de vietnamita a español.

La Fiscalía General de la República de El Salvador (FGR) resolvió utilizar a dos intérpretes, uno del vietnamita al inglés; y otro, del inglés al español. La persona designada para interpretar del vietnamita al inglés fue la misma que asistió a Nguyen en la audiencia inicial, la víspera de Navidad.

Lam Vien Cao es una doctora especialista en la enseñanza del inglés que vive en El Salvador desde hace más de diez años y enseña en una escuela privada de estudios superiores. A ella recurrió la FGR, en vista de que el Juzgado de Instrucción de San Luis Talpa, a cargo del caso, que buscó un intérprete del vietnamita al español en la base de datos de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), no tuvo éxito.

“Había otras personas además de mí que podían haber interpretado para Nguyen, pero nadie quiso hacerlo”, explicó Cao meses después a Factum.  La suya fue una decisión humanitaria. No era la primera vez que interpretaba, ya lo había hecho antes en cortes estadounidenses.

“Es un factor complicado (…) y desafiante”, dijo Cao respecto a lo difícil que es comunicarse para los migrantes extrajeros que no hablan el español.

El expediente judicial muestra y, así lo ratificó Cao (con cuidado de no revelar el secreto sumarial), que aún cuando ella estaba disponible, viajó dos veces en vano hasta el juzgado, pues ni la Fiscalía ni el Juzgado habían conseguido un intérprete de inglés-español.

Cada vez que se fijaba una fecha, la suspendían otra vez porque no coincidían los intérpretes, o las agendas de abogados y fiscales. Siete veces veces pospuso la audiencia el Juzgado de Instrucción de San Luis Talpa, y nada que conseguían garantizarle a Nguyen el derecho a ser escuchado debidamente. A Nguyen lo habían trasladado a la prisión de La Esperanza, conocido como Mariona, desde el 7 de febrero de 2019. La prisión es una de las más grandes y antiguas de El Salvador. A Rivera Munguía también lo trasladaron a esa Mariona.

Tres meses y medio después de esperar paciente encerrado en prisión, el 31 de mayo, Nguyen tuvo su audiencia. Coincidieron todas las agendas, y Cao tradujo del vietnamita al inglés y otra persona, del inglés al español. A las nueve de la mañana empezó a contar su historia.

Había vivido durante los últimos cinco años en Corea del Sur, Vietnam y Haití. No admitió que supiera que el pasaporte que mostró en el aeropuerto fuese falso. Declaró que no se llamaba Carlos, como figuraba en el documento.

Contó que se había tenido que mudar de Haití a República Dominicana porque no le pagaron un trabajo que había hecho en ese país. Después, dijo, le robaron sus documentos y su dinero. Aseguró que personas de una iglesia en República Dominicana lo ayudaron con fondos y el pasaporte salvadoreño. Una vez en Panamá, las autoridades le dijeron que debía viajar a El Salvador porque su pasaporte era de ese país. Dijo que, en realidad, él iba a Panamá para tramitar un pasaporte vietnamita nuevo.

En efecto, en Panamá, a 1400 kilómetros de El Salvador, queda un consulado de Vietnam, un poco más cerca del otro en la región, que está en Ciudad de México. El juzgado instructor envió notificaciones a esas sedes diplomáticas sobre el caso de Nguyen, pero en el expediente no consta documento alguno de respuesta.

Después de contar su historia, y que se la entendieran, como presunta víctima del delito de tráfico humano del que Rivera Munguía estaba señalado como autor, Nguyen ha debido quedar libre.

Además de todo, ese proceso contra el presunto traficante de personas tenía sus propias complicaciones. Cuando la Policía asignó a un perito para sacar la información del teléfono incautado a Rivera Munguía y analizarla, dos semanas después del arresto en el aeropuerto, se descubrió que el laboratorio de la Policía había entregado el aparato equivocado.

La oficina de Migración de El Salvador certificó a la Fiscalía que el pasaporte que usó Nguyen, con datos falsificados - que incluían su fotografía -, había sido reportado como perdido por un hombre, desde mayo de 2016, pero los fiscales no buscaron a su propietario para entrevistarlo.

Aún así, la Fiscalía salvadoreña se empeñó en mantener vivo el otro proceso que le habían abierto a Nguyen por uso de documentos falsos, cuando lo arrestaron hacia cinco meses. La FGR solicitó una certificación de la declaración de Nguyen como víctima, para adjuntarla al proceso en el que lo acusan, y demostrar así que él sabía que su nombre no era el que figuraba en el pasaporte, y por lo tanto, que era un documento fraudulento.

Esto significó que Nguyen tenía que seguir encerrado.

¿Por qué la FGR tomó semejante decisión y procesando como criminal a una víctima de tráfico? ¿Al usar su declaración como víctima, no estaban llevándolo a autoincriminarse? El departamento de comunicaciones no respondió nuestras preguntas y dijo que no podían contestarlas hasta que no pasara la emergencia por la pandemia del Covid-19.

El Juzgado de Instrucción de San Luis Talpa, sin embargo, admitió la declaración como una prueba incriminatoria.

De víctima a victimario

El 8 de agosto de 2019, Nguyen fue enviado a juicio por el delito de uso de documentos falsos. Ese mismo día, el Juzgado de Instrucción de San Luis Talpa decidió sobreseer definitivamente a Rivera Munguía por el delito de tráfico de personas, tomando como base la misma declaración de Nguyen, en la que él aseguró que no había pagado ni un peso a nadie, por el pasaporte falso.

Lo único que detuvo la posibilidad que Rivera Munguía fuera liberado fue la apelación que presentó la Fiscalía salvadoreña. Esta argumentó que al sobreseerlo, el juez no había tomado en cuenta los datos extraídos al teléfono de Rivera Munguía, residente en el departamento Francisco Morazán en Honduras, que lo vinculaban al delito; y que fue decomisado durante su arresto. La Cámara de lo Penal le dio la razón a la FGR y continuó detenido.

¿Qué es lo que no había visto el juez en el análisis de la información del teléfono de Rivera? En el celular aparecían los últimos chats que el hondureño compartió con Nguyen. Intercambiaron fotos e, incluso, un pdf de un boleto aéreo que Rivera Munguía le envió. Tenía además fotografías del documento de identidad original de Nguyen que certifica que es oriundo de Vietnam, nacido en octubre de 1982 y residente en la provincia costera de Ha Tinh.

El sospechoso de tráfico tenía además contactos con códigos telefónicos de México, Panamá, El Salvador y Estados Unidos entre otros. Eso no lo hace culpable, pues puede tener amigos en muchos países, pero en el contexto en que fue arrestado, y el hecho de que el perito policial también recuperó 14 audios en los que “se escucha pláticas referentes al tráfico ilegal de personas”, fortaleció el caso contra Rivera Munguía.

Mientras la apelación de la Fiscalía era tramitada por la Cámara de lo Penal de Zacatecoluca (departamento de La Paz), el juzgado instructor le impuso el uso de brazalete electrónico de monitoreo a Rivera para garantizar que si lo dejaba en libertad no huiría y le pidió una dirección de residencia fija. A diferencia de Nguyen, Rivera Munguía consiguió abogados particulares.

Dos veces las autoridades encargadas de verificar la residencia – que tienen el ampuloso nombre de “Dirección de Monitoreo de Medios de Vigilancia Electrónica” - acudieron a la dirección proporcionada por el acusado en el municipio de Santiago Texacuangos, distante a 17 kilómetros de la capital de El Salvador, San Salvador. En la primera, el 26 de agosto de 2019, uno de los residentes dijo que no conocía a Rivera Munguía. La segunda, el 1º de octubre, el mismo residente les informó que una hija suya buscaba alquilarle un cuarto a Rivera Munguía, pero él no estaba de acuerdo.

Con el tiempo transcurrido – y la apelación fiscal resuelta – Rivera Munguía continuó procesado. Nguyen también. Por bastante tiempo más. Esto a pesar de que El Salvador es firmante, desde décadas atrás, de varios tratados, protocolos y convenciones internacionales que garantizan los derechos humanos.

Uno de los más visibles que podría ser relacionado al caso de Nguyen es el “Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire” y que es complementario a la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Trasnacional.

El capítulo 18-12b de dicho Protocolo, que fue ratificado por El Salvador en marzo de 2004, en su artículo 5, establece que: “Los migrantes no estarán sujetos a enjuiciamiento penal con arreglo al presente Protocolo por el hecho de haber sido objeto de alguna de las conductas enunciadas en el artículo 6 del presente Protocolo”. Y en el artículo 6 se detalla, como primera justificación, el haber sido víctima de tráfico ilícito de migrantes. El mismo artículo añade y ahonda como causa no imputable, tener un documento falso que le facilite la migración irregular. 

El mismo Código Penal salvadoreño, en su artículo 367-A establece que la mayor responsabilidad recae sobre la persona reconocida como traficante de personas.

Hubo un caso, paradójicamente, muy parecido al de Nguyen, cuyo desenlace fue menos tortuoso para los migrantes. Personas de nacionalidades iraquí y siria ingresaron en 2015 por vía aérea a El Salvador con documentos falsos, que los hacían parecer oriundos de Israel. Su traficante también era extranjero – turco, en ese caso -. Sin embargo, las víctimas, una familia iraquí, otra siria y cinco jóvenes sirios fueron todos enviados a un albergue para migrantes, durante unos tres meses.

Algunos de ellos solicitaron el estatus de refugiado en El Salvador, brindaron su testimonio mientras estaban albergados y posteriormente abandonaron el trámite de refugio.

Con ellos, los fiscales cumplieron los acuerdos de derechos humanos del país: no fueron a ninguna prisión, en un país donde el hacinamiento carcelario sobrepasó desde hace años el 200%.  

El turco se llama Sedat Yavas y fue arrestado en 2015, cuatro años antes que Nguyen y Rivera Munguía. Yavas fue procesado y condenado a 8 años de prisión en El Salvador. Como Nguyen, tuvo un proceso judicial extenso y lleno de abruptos por la poca oferta de intérpretes de turco al español. Pero la gran diferencia es que Yavas estaba siendo enjuiciado por tráfico de personas, y no era una víctima del delito, como Nguyen.

Su sentencia en firme llegó hasta dos años después, en 2017. Uno de sus últimos lugares de operación, según detectaron las investigaciones de al menos dos países, fue Brasil.

Para la jefa fiscal de la Unidad de Tráfico y Trata de Personas de El Salvador, Violeta Olivares, el caso de Nguyen podría demostrar que migrantes continúan usando la vía aérea como parte de su ruta clandestina. Pese a tal afirmación, la Fiscalía salvadoreña no parece haber hecho mucho para investigar la hipótesis: en el expediente judicial de Nguyen no figura indagación alguna al respecto ante la oficina de Migración. Tampoco preguntó cómo era posible que un pasaporte nacional reportado como robado tres años atrás, haya aparecido en República Dominicana.

Absuelto, pero atrapado

A inicios de diciembre de 2019, un año después de haber sido arrestado, Nguyen fue absuelto del delito de uso de documentos falsos y enviado al albergue migratorio cuyo nombre oficial es “Centro de Atención Integral para Migrantes” (CAIM), un edificio en una vía de tráfico pesado. Nguyen pasó ahora a depender de las decisiones de las entidades administrativas migratorias.

El CAIM, bajo administración de la Dirección General de Migración y Extranjería, también es el lugar hacia el que son llevados los salvadoreños deportados desde Estados Unidos y México. El 9 de enero de 2020, dos jóvenes salvadoreños en sus veintes, abandonaban con dos bolsas plásticas las instalaciones. Cada martes y jueves, llevan a los deportados salvadoreños hasta allí. Ambos buscaban tomar un autobús hasta el oriente del país, en La Unión, a unas cuatro horas de distancia y seguramente para retomar contactos y volver a salir del país. Una escena repetida hasta la saciedad, frente al pesado portón del CAIM. Lo normal. Lo de cada martes y jueves.

Ese mismo día, personal del CAIM confirmó a Factum que Nguyen continuaba ahí.

De acuerdo al Tribunal de Sentencia de Zacatecoluca, que llevó el caso, Nguyen debía obtener un documento de identidad que estableciera, sin lugar a dudas, que él es vietnamita, para poder ser expulsado del país. Para ello, el trámite debía llevarse a cabo con cualquiera de las representaciones diplomáticas más cercanas a El Salvador: Panamá o México.

El Ministerio de Relaciones Exteriores y la Dirección General de Migración y Extranjería de El Salvador, cada cual por su lado, negaron las solicitudes de información que hizo este medio sobre el paradero de Nguyen. Ambas entidades alegaron que, al no tratarse de información oficial, no era viable contestar la petición.

La oficina de comunicaciones de Migración también se negó en varias ocasiones a informarnos sobre el proceso de Nguyen.

Semanas antes, la antevíspera de Navidad de 2019, la doctora Cao comentó que se ofreció a continuar como intérprete para Nguyen, para lo que él necesitara mientras se resolviera su expulsión de El Salvador. Los fiscales, sin embargo, no volvieron a contactarla.

Epílogo

19 de marzo de 2020. Desde hace aproximadamente dos semanas, El Salvador declaró una cuarentena nacional debido a la pandemia de Covid-19 y blindó sus fronteras. Fuera del CAIM no hay taxistas ofreciendo transporte rápido para los salvadoreños recién llegados del norte, muchos con décadas de haber abandonado un país que ya no es el suyo. Menos ahora. Un trozo de tierra con nombres desconectados.

El Bulevar Arturo Castellanos, antes atestado de tráfico, ahora está casi desierto.

En el CAIM dicen que no están recibiendo a nadie. Que no están llegando migrantes.

• ¿Y los retornados pendientes que tenían? ¿Tenían a un vietnamita, verdad?
• Ahh, ese se fue como dos semanas antes que declararan la emergencia.

La oficina de comunicaciones de los juzgados salvadoreños informó que Rivera Munguía aún no ha sido enjuiciado; que la audiencia ha sido pospuesta. Que esperarán qué pasa luego de la emergencia. Que esperarán. 

On December 19, 2018, the phone number with Honduras code +504 32557396 was communicated via WhatsApp with the number +509 41903522, with Panama code.

Aníbal had tried to communicate for three hours with Nguyen before he finally answered his messages. Since 6 a.m. on that day he asked Nguyen "Brother, are you on the plane yet?" without receiving an answer. The Vietnamese man had no access to wi-fi.

Four hours after landing from flight CM 410, of the company Copa Airlines, he presented his Salvadorian passport A00620713, under the name of Carlos Van Nguyen, of Salvadoran nationality and with a date of birth of October 20, 1983. When Immigration Officer Erick G. passed the document through the passport reader, the machine activated an error alert. Therefore, the officer took the passport and its owner to the police office located at the Oscar Arnulfo Romero International Airport in El Salvador.

A police investigator named Rodriguez checked the passport and noticed anomalies. He told his office colleague that the document looked like a simple scan of a real passport. Rodriguez asked Nguyen where he was coming from and where he was going. Nguyen only responded with gestures, but somehow he managed to explain that outside the airport building someone was waiting for him.

Another police investigator, named Herrera, escorted Nguyen out of the building, where they identified two people. A Honduran, Aníbal Rivera Munguía, and a Salvadoran. The Honduran was the one who assured, according to the statement later given by the investigator, that he was there to wait for an Asian passenger, and that he was looking to take him to the border of Entre Rios, between San Pedro Sula (Honduras) and Puerto Barrios (Guatemala); approximately 400 kilometers from there.

On the Honduran side this border is known as Corinto and is in a geographic area only shared by Guatemala and Honduras. The closest Salvadoran point is the El Poy border, approximately 300 kilometers from the Corinto border.

After explaining their plan, Rivera Munguía and Nguyen were arrested: the Honduran for human trafficking, the Asian for the use of false documents. The Salvadoran was not arrested and, inexplicably, there is no other reference to her in the legal process. Not even why they let her go.

That was the beginning of a long chain of omissions, unexplained court decisions and a long dead space for Nguyen, in which absolutely nothing happened. They could not even inform him of his rights after he was captured: there was no one who could translate for him. His judicial process became flabby and heavy; with an indolence that is not accidental for people like Nguyen, migrants even more invisible than all the migrants he spits out daily: Central America. Factum magazine reconstructed his story, as part of the cross-border journalistic investigation Migrants from another world, carried out with CLIP, Occrp and 16 other media outlets.

Vietnamese immigrants

The route that Nguyen took to get to El Salvador and travel in an irregular manner is not the one that thousands of migrants from Asia and Africa are taking, in a very long Latin American journey, escaping from conflictive or precarious situations in their respective countries; but it illustrates the ugliest face of the official institutions to attend to migrants.

Nguyen travelled from the Dominican Republic to Panama. And from Panama to El Salvador, by air. From the first hearing against him, in the Peace Court of San Luis Talpa (La Paz department), he stated, through an interpreter, that he was a Vietnamese citizen, that his real name was Van Dung Nguyen and that the only thing he wanted was to return to his country of origin, where he had a family, two children and worked with metal structures. That hearing was on 24 December 2018, on Christmas Eve. The judge considered that there were indications to continue processing him and decided to send him to preventive detention, to the police sub-delegation of San Pedro Masahuat (La Paz). The sub-delegation's cells are designed to hold 20 people, but have on occasion housed up to 126 defendants.

Two days earlier, Rivera Munguía had also been sent to the same place, being processed for human trafficking. He had been assisted by the same public defender who attended Nguyen.

Although the lawyer defended the interests of the accused for trafficking two days before, his argument in favor of Nguyen was that he was a victim of human trafficking, as the same Attorney General's Office (FGR) stated in its accusation against Rivera Munguía. The defense was not enough.

As far as could be confirmed, Nguyen is the first migrant of Vietnamese nationality officially registered in recent years in El Salvador. According to El Salvador's Directorate General of Migration and Foreigners (DGME), between 2011 and 2019 no one with irregular migration status of Vietnamese nationality had been detained. Neither for any crime.

In Guatemala, where Rivera said they were headed, the Guatemalan Migration Institute (IGM) has also not registered migrants from Vietnam since 2008. A slightly different picture is provided by statistics on irregular migration from Mexico, the next natural stop on the northern route. Between 2012 and 2019, the Mexican government's Migration Policy Unit reported 55 Vietnamese in irregular status. 26 of them only in 2019.

The United States, the destination country for thousands of irregular migrants, registers the detention of only 411 Vietnamese between 2007 and 2018 by the Border Patrol. To give you an idea, in the same period 26,213 Indian citizens were arrested in the United States.

Millions of Vietnamese are succeeding in migrating in recent years through technical jobs, academic studies and access to higher education, a 2012 Vietnamese Foreign Ministry study, taken up by the International Organization for Migration (IOM), found.

However, not everyone has these opportunities. There are poorer and underemployed regions, such as Ha Tinh province in the north of the country with an East Sea coast, where Nguyen came from. That's also where the 39 Vietnamese who died of asphyxiation inside a truck in London last October came from, news that went around the world. And it was also there that Vietnamese authorities arrested the suspected traffickers in connection with the case in the British capital.

But Salvadoran courts would not know that until months after Nguyen was arrested.

The hearing that never comes

Since Rivera Munguía had a trial against him for human trafficking, the early statement of his victim, Nguyen, had to be taken. That way, Factum was told, the Salvadoran prosecutor's office and other judicial sources could give him shelter or return him to Vietnam more quickly. But in order to hold the hearing, an interpreter was mandatory.

It was initially scheduled for February 13, 2019. But they could not get someone who could translate Nguyen from Vietnamese to Spanish.

The Attorney General's Office of El Salvador (FGR) decided to use two interpreters, one from Vietnamese to English and one from English to Spanish. The person assigned to interpret from Vietnamese to English was the same person who attended Nguyen's initial hearing on Christmas Eve.

Lam Vien Cao is a doctor specialized in English teaching who has lived in El Salvador for more than ten years and teaches in a private school for higher studies. She was approached by the FGR in the light of the fact that the San Luis Talpa examining magistrate's court in charge of the case, which had searched the Supreme Court of Justice (SCJ) database for an interpreter from Vietnamese into Spanish, was unsuccessful.

"There were other people besides me who could have interpreted for Nguyen, but nobody wanted to do it," Cao explained months later to Factum. Her decision was a humanitarian one. It was not the first time she had performed, she had done it before in American courts.

"It's a complicated (...) and challenging factor," Cao said of how difficult it is for foreign migrants who do not speak Spanish to communicate.

The court record shows, and Cao confirmed (with care not to reveal the confidentiality of the proceedings), that even when she was available, she traveled twice to the courthouse in vain, since neither the Prosecutor's Office nor the Court had obtained an English-Spanish interpreter.

Each time a date was set, she was again suspended because the interpreters, or the lawyers' and prosecutors' schedules did not match. The hearing was postponed seven times by the San Luis Talpa Magistrate's Court, and there was no guarantee that Nguyen would be heard properly. Nguyen had been transferred to La Esperanza prison, known as Mariona, since February 7, 2019. This prison is one of the largest and oldest in El Salvador. Rivera Munguía was also transferred to the Mariona.

Three and a half months after waiting patiently in prison, on May 31, Nguyen had his hearing. All the agendas coincided, and Cao translated from Vietnamese to English and another person from English to Spanish. At nine in the morning he began to tell his story.

He had lived for the last five years in South Korea, Vietnam and Haiti. He did not admit that he knew that the passport he showed at the airport was fake. He declared that his name was not Carlos, as it appeared on the document.

He said he had to move from Haiti to the Dominican Republic because he was not paid for a job he had done there. Then, he said, his documents and money were stolen. He said people from a church in the Dominican Republic helped him with funds and the Salvadoran passport. Once in Panama, authorities told him that he had to travel to El Salvador because his passport was from that country. He said he was actually going to Panama to apply for a new Vietnamese passport.

In fact, in Panama, 1,400 kilometers from El Salvador, there is a Vietnamese consulate, a little closer to the other one in the region, located in Mexico City. The examining magistrate's court had sent notifications to those diplomatic offices about Nguyen's case, but there was no document in the file in response.

After telling his story, and being understood, as an alleged victim of the crime of human trafficking of which Rivera Munguía was accused, Nguyen must have been released.

On top of that, this process against the alleged human trafficker had its own complications. When the police assigned an expert to take the information from Rivera Munguía's seized phone and analyze it, two weeks after the arrest at the airport, it was discovered that the police laboratory had delivered the wrong device.

El Salvador's immigration office certified to the prosecutor's office that the passport Nguyen used, with falsified data - including his photograph - had been reported as lost by a man since May 2016, but prosecutors did not seek its owner for an interview.

Even so, the Salvadoran prosecutor's office was determined to keep alive the other prosecution Nguyen had brought for the use of false documents, when he was arrested five months earlier. The FGR requested a certification of Nguyen's declaration as a victim, to be attached to the process in which he is accused, and thus prove that he knew that his name was not the one on the passport, and therefore that it was a fraudulent document.

This meant that Nguyen had to stay in jail.

Why did the FGR make such a decision and prosecute a trafficking victim as a criminal? By using his statement as a victim, were they not leading him to incriminate himself? The communications department did not answer our questions and said they could not answer them until the Covid-19 pandemic emergency was over.

The San Luis Talpa Magistrate's Court, however, admitted the statement as incriminating evidence.

From victim to perpetrator

On August 8, 2019, Nguyen was sent to trial for the crime of using false documents. That same day, the San Luis Talpa Court of Instruction decided to definitively dismiss Rivera Munguía for the crime of human trafficking, based on Nguyen's own statement, in which he assured that he had not paid a single peso to anyone for the false passport.

The only thing that stopped the possibility of Rivera Munguía being released was the appeal presented by the Salvadoran Prosecutor's Office. The latter argued that by dismissing it, the judge had not taken into account the information extracted from the telephone of Rivera Munguía, resident of the Francisco Morazán department in Honduras, which linked him to the crime; and that he was confiscated during his arrest. The Criminal Court agreed with the FGR and he remained in detention.

What did the judge not see in the analysis of the information on Rivera's phone? The last chats that the Honduran shared with Nguyen appeared on his cell phone. They exchanged photos and even a pdf of an airplane ticket that Rivera Munguía sent him. He also had photographs of Nguyen's original identity card certifying that he is a native of Vietnam, born in October 1982 and a resident of the coastal province of Ha Tinh.

The suspected trafficker also had contacts with telephone codes in Mexico, Panama, El Salvador and the United States, among others. That does not make him guilty, since he may have friends in many countries, but in the context in which he was arrested, and the fact that the police expert also recovered 14 audios in which "you can hear talks about illegal human trafficking," strengthened the case against Rivera Munguía.

While the prosecution's appeal was being processed by the Criminal Chamber of Zacatecoluca (La Paz department), the investigative court imposed the use of an electronic monitoring bracelet on Rivera to guarantee that if he were released he would not flee and asked for a permanent address. Unlike Nguyen, Rivera Munguía obtained private lawyers.

Twice the authorities in charge of verifying the residence - which has the pompous name of "Dirección de Monitoreo de Medios de Vigilancia Electrónica" - went to the address provided by the defendant in the municipality of Santiago Texacuangos, 17 kilometers from the capital of El Salvador, San Salvador. In the first one, on August 26, 2019, one of the residents said he did not know Rivera Munguía. The second one, on Oct. 1, the same resident informed them that a daughter of his was looking to rent a room to Rivera Munguía, but he did not agree.

With the passage of time - and the fiscal appeal resolved - Rivera Munguía continued to be prosecuted. So did Nguyen. For quite a while longer. This despite the fact that El Salvador has been a signatory for decades to several international treaties, protocols and conventions that guarantee human rights.

One of the most visible that could be related to Nguyen's case is the "Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air" which is complementary to the United Nations Convention against Transnational Organized Crime.

Chapter 18-12b of that Protocol, which was ratified by El Salvador in March 2004, states in article 5 that: "Migrants shall not be subject to criminal prosecution under this Protocol for the fact that they have been the object of any of the conducts set forth in article 6 of this Protocol. And article 6 details, as a first justification, having been a victim of smuggling of migrants. The same article adds and elaborates as a non-attributable cause, having a false document that facilitates irregular migration.

The same Salvadoran Criminal Code, in its Article 367-A, establishes that the greatest responsibility falls on the person recognized as a trafficker in persons.

There was one case, paradoxically, very similar to that of Nguyen, whose outcome was less tortuous for migrants. In 2015, persons of Iraqi and Syrian nationality entered El Salvador by air with false documents, which made them appear to be from Israel. Their trafficker was also a foreigner - Turkish, in that case. However, the victims - an Iraqi family, a Syrian family and five young Syrians - were all sent to a migrants' shelter for about three months.

Some of them applied for refugee status in El Salvador, gave their testimony while in the shelter and then left the shelter.

With them, the prosecutors complied with the country's human rights agreements: they did not go to any prison, in a country where prison overcrowding has exceeded 200% for years.

The Turk is called Sedat Yavas and was arrested in 2015, four years before Nguyen and Rivera Munguía. Yavas was prosecuted and sentenced to 8 years in prison in El Salvador. Like Nguyen, he had a lengthy and abrupt trial due to the limited supply of Turkish-Spanish interpreters. But the big difference is that Yavas was being prosecuted for human trafficking, and was not a victim of the crime, like Nguyen.

His final sentence came as late as two years later, in 2017. One of his last places of operation, as detected by investigations in at least two countries, was Brazil.

For Violeta Olivares, chief prosecutor of El Salvador's Trafficking in Persons Unit, Nguyen's case could prove that migrants continue to use air travel as part of their clandestine route. Despite this claim, the Salvadoran Public Prosecutor's Office does not appear to have done much to investigate the hypothesis: Nguyen's judicial file does not contain any investigation of this matter before the Migration Office. Nor did it ask how it was possible that a national passport reported as stolen three years ago had appeared in the Dominican Republic.

Acquitted, but trapped

In early December 2019, one year after his arrest, Nguyen was acquitted of the crime of using false documents and sent to the migrant shelter officially named " Centre for Integral Attention to Migrants" ( CAIM ), a building on a heavy traffic route. Nguyen now depends on the decisions of the migration administration.

The CAIM, under the administration of the General Directorate of Migration and Aliens, is also the place where Salvadorans deported from the United States and Mexico are taken. On January 9, 2020, two young Salvadorans in their twenties left the facility with two plastic bags. Every Tuesday and Thursday, they take the Salvadoran deportees there. Both were looking to take a bus to the east of the country, in La Unión, about four hours away and surely to regain contacts and leave the country again. A scene repeated endlessly, in front of the heavy gate of the CAIM. The usual. Every Tuesday and Thursday.

That same day, CAIM staff confirmed to Factum that Nguyen was still there.

According to the Zacatecoluca sentencing court, which handled the case, Nguyen had to obtain an identity document that established, without a doubt, that he was Vietnamese, in order to be expelled from the country. To do so, the procedure had to be carried out with any of the diplomatic representations closest to El Salvador: Panama or Mexico.

The Ministry of Foreign Affairs and the Directorate-General for Migration and Aliens of El Salvador, each for its own part, denied the requests for information made by this medium regarding Nguyen's location. Both entities alleged that, since they were not official information, it was not possible to answer the request.

The communications office of Migration also refused on several occasions to inform us about the Nguyen process.

Weeks before, on Christmas Eve 2019, Dr. Cao commented that she offered to continue as an interpreter for Nguyen, for whatever he needed while his expulsion from El Salvador was being resolved. The prosecutors, however, did not contact her again.

Epilogue

March 19, 2020. Approximately two weeks ago, El Salvador declared a national quarantine due to the Covid-19 pandemic and secured its borders. Outside the CAIM, there are no taxi drivers offering rapid transport for newly arrived Salvadorans from the north, many with decades of leaving a country that is no longer their own. Except now. A piece of land with disconnected names.

Bulevar Arturo Castellanos, once packed with traffic, is now practically desolate.

At the CAIM they say they're not receiving anyone. That no migrants are arriving.

And the pending returnees they had? They had a Vietnamese, right?

Ahh, that one left about two weeks before they declared an emergency.

The Salvadoran courts' communications office reported that Rivera Munguía has not yet been tried; that the hearing has been postponed. That they will wait to see what happens after the emergency. That they will wait.