Cada vez que un carro estaciona a la orilla de la carretera panamericana, dos kilómetros antes de llegar al puesto fronterizo entre Costa Rica y Nicaragua, una docena de hombres caen como hormigas sobre azúcar. Abren puertas, se paran junto a las cajuelas y abordan a los pasajeros con frases como “déjeme ayudarle”, “le cargamos todo eso”, “dos mil colones por llevarle las maletas”.

“A los negritos también los ayudamos”, dice Óscar José Castillo Mendoza, un nicaragüense pequeño de cara tostada y vestido de pantalón marrón, camiseta verde y chancletas rosadas. Él y otros aquí les llaman “negritos” a los migrantes africanos.

Decenas de personas cruzan todos los días por senderos clandestinos hacia Nicaragua y viceversa por este punto de la frontera, cerca a Peñas Blancas (Costa Rica), evadiendo los controles migratorios de ambas naciones centroamericanas.

Es un flujo clandestino pero común, al menos hasta que una unidad de la policía costarricense se acerque. Entonces, la gente corre a esconderse en algún pequeño negocio o detrás de arbustos.

Quienes más transitan por estos caminos ilegales son los residentes de estos países. Sin embargo, desde hace cinco años el tránsito de cubanos y haitianos está creciendo aceleradamente. Entremezclados con ellos, o en grupos aparte, pasan centenares de personas que vienen desde África o Asia, algunas de ellas después de haber recorrido medio continente.

Muchos senderos clandestinos de Costa Rica hacia Nicaragua empiezan en los patios traseros de las casas cercanas a la frontera. Las familias ahí cobran un “peaje” por dejar pasar a quienes migran. Una sentencia costarricense del 2017 indica que el cobro era de unos US$15 en ese entonces.

Pero la ruta más conocida y transitada es “el callejón”. Es un sendero público por el que basta caminar un par de minutos para topar la cerca de alambres de púas que delimita la frontera.

De diciembre a abril es una zona polvorienta, con unos cuantos árboles marchitos y repleta de basura que dejan los caminantes. De mayo a noviembre, la senda se vuelve lodosa y algunos vecinos en el lado de Costa Rica, como María Estela Hurtado, aprovechan para ganar plata lavando pies.

Hurtado vive en la última casa del callejón, antes de la cerca. Ella vende tortillas cada mañana a quienes cruzan, o a quienes se desenvuelven en diferentes oficios en la carretera, como Castillo que carga maletas.

“Para serle franca y sincera, aquí pasa bastante gente, nicaragüenses, cubanos, africanos. Aquí pasa de todo”, dice en la puerta de su vivienda de madera.

Desde aquí se observa una caseta del Ejército de Nicaragua a unos 200 metros de distancia, por el mismo paso de tierra bien demarcado. Algunos militares están ahí para interceptar a los migrantes extrarregionales cuando cruzan, y llevarlos a la Dirección General de Migración y Extranjería de Nicaragua.

El gobierno de Nicaragua les cobra US$150 de salvoconducto para dejarlos pasar por el país. Le cobran el mismo monto hasta a un recién nacido. Así lo relataron vecinos de la frontera, migrantes y autoridades policiales de Costa Rica, a La Voz de Guanacaste, socio de la investigación transfronteriza Migrantes de Otro Mundo, en la que participaron CLIP y otros 16 medios periodísticos. Quisimos tener la versión oficial y detallada del gobierno nicaragüense, pero no hubo respuesta a las consultas enviadas vía correo electrónico. Tampoco hay información pública sobre este tema.

No es novedoso que Nicaragua cree obstáculos a quienes migran hacia Norteamérica. En 2015 y 2016, el gobierno de Daniel Ortega cerró sus fronteras y expulsó a decenas de africanos, haitianos y cubanos que querían continuar su camino hacia Estados Unidos. Esto dejó a migrantes que habían llegado a Costa Rica en varias oleadas, estancados por meses.

Hurtado cree que el gobierno nicaragüense puso esa “champa” (como le llama ella a la caseta) hace dos años, cuando vio la migración como una oportunidad de percibir ingresos. De hecho, si los cálculos de Hurtado y otras fuentes son certeros, la política del salvoconducto coincidió con la crisis política que se desató en ese país centroamericano en abril del 2018 y que dejó 328 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y provocó sanciones económicas por parte de Estados Unidos.

Este, dicen Hurtado y Castillo, el cargador de maletas, es el único paso “seguro” y libre para estos migrantes extracontinentales. Seguro, quizás, pero si los migrantes no tienen $150, no les permiten entrar.

Los otros trayectos son más recónditos y peligrosos, incluso más ocultos que los patios traseros de las casas. “Hay varios caminos y es difícil de controlar”, asegura Hurtado. “Pero por donde pasan más africanos es al lado del muro [refiriéndose a otro camino conocido]. Ahí los agarran los coyotes y hay asaltantes”.

El vicepresidente de la Asociación de Desarrollo de Peñas Blancas, conocido como “Macho Tigre” coincide con Hurtado. “Ellos llegan en buses en las noches y cruzan en las madrugadas por ‘el muro’, porque no tienen dinero. A veces con coyotes, a veces solos”, dice mientras cuenta su fajo de billetes nicaragüenses y ticos que le cambia a quienes transitan por su pulpería, cerca de la casa de Hurtado.

Para hacer el trayecto por “el muro”, los migrantes llegan metros antes del puesto de control migratorio costarricense y atraviesan una malla con un hueco del tamaño justo para que una persona cruce sin tener que agacharse. En el fondo, se ve una arbolada. Al continuar por ahí, topan eventualmente con un muro que deben saltar para caer en Nicaragua.

Unas vendedoras de refrescos cerca de ahí confirman lo que dice Hurtado: que cruzar es peligroso porque hay asaltantes.

Quizás lo intentan para evadir el pago de US$150 estipulado por el gobierno nicaragüense. O quizás, como dice Hurtado, ya le pagaron a alguien para que los pase por la frontera. “Hay coyotes que los traen desde Paso Canoas [frontera con Panamá]. Les vienen cobrando un montón de plata, y les dicen que no están dando salvoconducto [en Nicaragua]”.

Narin Burung, un nepalí de 23 años, le contó a los aliados de CLIP, que vivió la peor parte de su viaje, precisamente allí, después de atravesar la frontera de Costa Rica hacia Nicaragua, el 2 de julio del 2018.

“Caminamos por 36 horas sin comida y sin agua (...) La mafia era horrible. Violaban a las mujeres, saqueaban a los migrantes e incluso les robaban ropa. Escuchamos de un nepalí antes que nosotros que, cuando protestó, le dispararon en el estómago”, contó Burung.

“[Nicaragua] fue incluso peor que la selva [del Darién, entre Colombia y Panamá]”, comentó otro migrante camerunés llamado Samuel, que pasó año y medio después que Burung, a inicios del 2020. “Había mucha mafia, nos robaron, ahí fue cuando nos quitaron nuestros teléfonos y el poco dinero”, agregó.

***

Este cruce es muy distinto al último que realizaron los migrantes de Panamá hacia Costa Rica. Ambas naciones coordinan diariamente el paso controlado de 100 migrantes de un territorio a otro.

Una vez en suelo de Costa Rica, las autoridades los llevan a un centro de atención para migrantes (Catem del Sur), en la zona fronteriza con Panamá de Golfito. Es una parada obligatoria en la que deben permanecer al menos una noche.

Ahí, la Dirección General de Migración y Extranjería de Costa Rica los somete a un “control biométrico” con artefactos que les reconoce el iris, las facciones del rostro y que les toma las huellas dactilares. Con esa información, verifican que no estén siendo buscados por autoridades policiales de otros países o por la Interpol.

Si no les encuentran antecedentes sospechosos, como sucede con la mayoría, el gobierno les da un Permiso de Ingreso y Tránsito (PIT) de 25 días, prorrogable una única vez por 25 días más, para que entren y estén con un estatus migratorio regular.

Es una medida adoptada desde junio del 2016, después de las olas que dejaron miles de migrantes varados en Costa Rica por el cierre de fronteras de Nicaragua. Inicialmente beneficiaba a personas que provenían de África y de Asia del Sur, pero con los años se amplió a cualquiera que necesite transitar por el país para continuar su viaje hacia países del norte.

Los migrantes también reciben atención médica básica y las autoridades les recomiendan movilizarse en medios de transporte público. También les informan que, si quisieran quedarse pueden solicitarlo, y les explican los estatus migratorios por los que pueden optar en el país, como refugio.

“[El Catem del Sur] tiene una naturaleza muy específica y concreta porque busca, primero, ordenar el flujo migratorio y, segundo, garantizar la seguridad pública”, resume Alonso Soto, subjefe de la policía migratoria de Costa Rica y coordinador de los centros de atención de migrantes. Entre el 2016 y el 2019, el gobierno costarricense registró más de 41 000 migrantes provenientes de África y Asia.

El otro centro de atención de Costa Rica está cerca de la frontera con Nicaragua (Catem del Norte). A diferencia del primero, este segundo es opcional, es decir, no deben pasar por aquí a menos de que así lo quieran. Tiene una carpa con alimentos y artículos de higiene que reparten a diario a los migrantes que se quedan aquí, y hay una ambulancia permanente que les da atención médica.

“Aquí [al Catem del Norte] viene el que está cansado, enfermo, la embarazada, el que no tiene la plata”, dice la policía de migración Irlanda Castro, que trabaja allí.

“Están esperando que la familia les mande dinero o vienen muy cansados porque el camino por la selva es muy difícil (...) pasan sin comer, vienen con alergias, vienen con gripes, con enfermedades estomacales”, relata en una carpa que acondicionaron con un escritorio para simular una oficina.

Pero Costa Rica es solo un respiro fugaz en el viaje hacia Estados Unidos. “Ingreso y tránsito, no de salida”, recalcó el director de la Policía Profesional de Migración (PPM), Stephen Madden, cuando lo entrevistamos en octubre del 2019 en su oficina en Heredia, una provincia cerca de San José, la capital costarricense.

Esto quiere decir que, a pesar de que los migrantes salen de Costa Rica, no lo pueden hacer por los puestos fronterizos autorizados porque entre Costa Rica y Nicaragua no existe acuerdo para ordenar el flujo migratorio de esas poblaciones. “Es un tema de soberanía, es el gobierno de Nicaragua que decide el proceso y la forma en la que estas personas vayan a ingresar”, dijo el subjefe de la policía de migración.

Eso sí, las instituciones y cuerpos policiales de Costa Rica tienen pleno conocimiento de que salen del territorio por los senderos clandestinos y continúan hacia el norte. “Las fronteras de nuestros países son muy abiertas”, explicó el oficial Madden.

“Detenerlo [el flujo migratorio extrarregional] es desgastarse en una operación complicada, compleja y costosa. Lo mejor es ordenarlo y garantizar registros de que todo el que pasa a través de ese flujo quede documentado”, añadió Soto.

Por eso, relató Madden, “la solución no es poner un policía cada cien metros. Sería prácticamente imposible ejercer un control de ese tipo”, agrega y especifica que los esfuerzos policiales están volcados a detectar las redes de tráfico de migrantes.

La policía costarricense también sabe que muchos otros migrantes ingresan de forma irregular, sin pasar por el Catem del Sur y someterse al control biométrico. Dicen que los que ingresan de forma completamente irregular son quienes han sido captados por las organizaciones criminales que se dedican al tráfico ilícito de migrantes.

“En su gran mayoría son personas que en su país de origen hacen contratos con estas redes de traficantes de personas y los llevan por las diferentes rutas por los diferentes países”, dijo Madden.

Las “fronteras abiertas” y pasos clandestinos de los que habla Madden tienen muchas similitudes con lo que Hurtado ve a diario afuera de su casa: la policía no logra controlar cada metro fronterizo y muchas familias cercanas a este límite hacen de la migración un negocio, incluso cobrándoles un “peaje” a quienes se enrumban por los patios de sus casas.

Al hacer el paso necesariamente clandestino por Nicaragua, aumentan los riesgos. Los asaltan con frecuencia, por ejemplo. Según la policía de migración, Irlanda Castro, en un día de febrero de este año una familia salió del Catem del Norte, pero regresó pocas horas después porque los asaltaron en el camino hacia Nicaragua.

Los Catem, al final de cuentas, terminan siendo también puntos atractivos para los coyotes. “Las operaciones más importantes de estas organizaciones [de traficantes] están cercanas a los Catem”, reconoció Soto. “Es porque saben que es donde está el flujo migratorio”.

Esos focos, los cobros en la frontera y las redes de tráfico operando cerca, hilan un escenario complicado. Una investigación de las fiscalías de tráfico ilícito de migrantes de Costa Rica y Panamá reveló que también existe una ruta marítima para movilizar a los migrantes desde Costa Rica hasta Nicaragua u Honduras.

De hecho, en septiembre de 2017, un adulto y un niño africanos murieron en un naufragio cuando la policía de guardacostas de Costa Rica interceptó la lancha con dos coyotes que trasladaban a 31 migrantes. Todos habían estado hospedados en el Catem del Norte.

“Hubo un accidente en altamar que ocasionó que perdieran la vida algunas de las personas migrantes”, recordó Soto. El director de guardacostas de Costa Rica, Martín Arias, no quiso referirse al caso. Dijo que aún estaba en análisis, dos años y medio después de ocurridos los hechos.

La investigación de las fiscalías incluyó 56 allanamientos en ambos países y 52 personas detenidas el 30 de julio del 2019. Entre ellas, Ana Yansy López Martínez, conocida como “Mamá África” y presunta líder de la banda.

Según la Fiscalía de Costa Rica y la policía migratoria, la red de López cobraba entre US$7.000 y US$20.000 y trasladó, al menos, 249 personas de forma ilegal por Costa Rica.

***

Varios migrantes se pasean por las calles de La Cruz, el cantón costarricense fronterizo con Nicaragua. Algunos caminan tres kilómetros desde el Catem del Norte, donde se hospedan temporalmente, hasta el parque de la comunidad para sentarse unas horas.

En una tarde de enero del 2020, topamos a Pascal Belony ahí. Es un haitiano que no ha logrado continuar porque no tiene dinero para pagar el salvoconducto en Nicaragua para él, su esposa y sus hijos. Belony y su familia tampoco quieren arriesgarse a cruzar por el muro o por otros tramos clandestinos por el peligro que existe.

Otros, como Gafourou Guiro, han decidido cambiar su destino. Guiro salió el 27 de enero del 2019 de Burkina Faso, su país natal, donde fue secuestrado y perseguido. Viajó hasta Brasil y se quedó ahí nueve meses trabajando. Después, migró hacia Costa Rica.

Vivió un tiempo en el Catem del Norte, pero después decidió salir y empezar a vivir con un conocido aquí. “Voy a buscar refugio”, dice a CLIP y muestra su carné de solicitante.

Como muchos migrantes, vio a compatriotas morir en la selva del Darién. “Vimos incluso mujeres morir en la selva, niños morir en la selva, gente que abandonaba a los niños porque ya no lo soportaban. Era muy muy catastrófico”, relata Guiro, enfermero de profesión pero que ahora trabaja empacando compras en un supermercado en La Cruz.

“Yo sé que Estados Unidos es más desarrollado que Costa Rica”, asegura. “Pero también sé que en Estados Unidos hay muchos problemas: la inseguridad, el racismo que vemos en los medios”, dice con voz serena y sin pestañear por unos segundos. “Sé que aquí está la paz, la seguridad, hay armonía y solidaridad”.

Every time a car parks on the side of the Pan-American highway, two kilometers before the border crossing between Costa Rica and Nicaragua, a dozen men appear as quick as a flash. They open the doors and stand near the trunk, saying phrases like “let me help you,” “we can help you with your luggage,” “two thousand colones (around US$4) to carry your bags.”

“We also help negritos (darkies),” says Oscar Jose Castillo Mendoza, a small, Nicaraguan man with his face burned from the sun and dress up in brown pants, green t-shirt, and pink flip-flops. He and some others refer to the African immigrants as “negritos”. Every day, thousands of people cross to Nicaragua and back through clandestine trails like this one, in Peñas Blancas, Costa Rica, evading the immigration checkpoints from both countries (Costa Rica and Nicaragua).

It is clandestine, yet well-known flow… at least until the Costa Rican police shows up. When this happens, people run to hide out in any small business or behind the bushes.

People from Costa Rica and Nicaragua transit the most throw these trails. However, in the last 5 years, the transit of Haitians and Cubans is increasing rapidly. All together, or in smaller, segregated groups, hundreds of people come from Africa or Asia, some of them after crossed half the continent already.

Many of the clandestine trails start in the backyards of the houses near the border. According to a court ruling from 2017, the families charge a toll of US$15 to allow migrants to cross.

However, the most transited and known trail its “el callejón” (alley in English), just a few minutes’ walk away from the barbed fence. From December to April, it is a dusty zone with a few withered trees, and full of the garbage the passers-by leave behind. And from May to November, the path becomes muddy. Some neighbors, like Maria Estela Hurtado, make a profit by washing feet.

Hurtado lives just before the fence, in the last house of the alley. She sells tortillas every morning to the people who walk by and the others that work in the rode, like Castillo, who carries bags.

"To be honest, a lot of people walk by... Nicaraguans, Cubans, Africans.' ‘A lot goes on here,’ says lying in the door of her woody house.

From here, you can see a booth from the Nicaraguan military, at only 200 meters away on the same path. Some military officers stand post there to intercept extra-regional immigrants and escort them to the Nicaragua Office of Immigration and Foreign Affairs.

Locals residents from the border zone, migrants, and Costa Rican police authorities told The Voice of Guanacaste that the Nicaraguan government charges every single person –even newborns– US$150 for the travel documents to allow them to transit through the country. The Voice of Guanacaste, partner with CLIP and other 16 media of this transnational and collaborative investigation called Migrants From Another World, sent multiple emails to the Nicaragua Government asking for their perspective, but there was no answer. There is no public information available on this topic either.

It is no news that the Nicaragua government holds up the pass for those who migrate to North America. In 2015 and 2016, Daniel Ortega’s government closed their border and expelled thousands of Africans, Haitians, and Cubans that wanted to get to the United States. This left migrants, that arrived in Costa Rica in different waves, stuck for months.

Hurtado believes the government from Nicaragua created this “champa” (the name that she gives to the booth) two years ago because they saw it as an opportunity to profit from it. If Hurtado and other sources are correct about this timeline, this travel documents policy coincided with the political crisis in April of 2018, which caused 328 deaths, according to the Inter-American Commission on Human Rights, and led to sanctions from the United States against Ortega’s regime.

Hurtado and Castillo say that this is the only “safe” and available pass for these extra-continental immigrants. However, it is only safe if you pay US$150 to get into the country

The other paths are even more remote and dangerous than the backyards of the houses. “There are many paths and it’s hard to control,” assures Hurtado. “But most Africans go through “al lado del muro” (the side of the wall),” refers Hurtado to another well-known trail. “There are assailants and coyotes”.

The vice-president of Peñas Blancas Development Association, also known as “Macho Tigre,” agrees with Hurtado. “They arrive in buses late at night, and cross ‘the wall’ before dawn because they cannot afford the travel documents. Sometimes they walk alone, and others followed by coyotes,” says Macho Tigre as he shows a wad of Nicaraguan and Costa Rican bills he keeps for currency exchange for any passers-by that come across his store, near his own house.

To cross through “the wall”, migrants must get to a spot just a few meters before the Costa Rican immigration checkpoint, where there’s a wire mesh with a hole big enough for someone to pass without ducking. There’s a grove at the far end of the property. Once migrants go through these woods, they eventually run into a wall, which they must jump to finally reach Nicaraguan soil.

Street vendors near the border confirmed Hurtado's story: it’s dangerous to cross the border due to the number of robbers along the way.

They might try that trail to evade the toll stipulated by the Nicaraguan Government, or maybe, as Hurtado says, they already paid someone else to help them cross the border. “There are coyotes that bring them from Paso Canoas, which is the border with Panama. They charge them a lot of money and tell them the Nicaraguan government is not issuing letters of safe-conduct anymore."

Narin Burung, a 23-year-old Nepali, told CLIP allies that the worst part of their journey was precisely there, crossing the border from Costa Rica to Nicaragua, on July 2, 2018.
“We walked for 36 hours without food and water (...) The mafia was horrible. They raped women, looted migrants, and even stole their clothes. We heard from a Nepali man who crossed before us, and they shot in the stomach when he protested,” said Burung.

"Nicaragua was even worse than the Darien jungle, between Colombia and Panama," said another Cameroonian migrant named Samuel. He crossed the border in early 2020, a year and half after Burung did. "There were so many mobsters, they stole our phones and the little money we had,” he added.

***

This crossing is very different from the last one they passed, on the border between Panama and Costa Rica. Both nations coordinate daily the controlled passage of 100 migrants from one territory to another.

Once on Costa Rican soil, the authorities take them to the temporary center of migrant services (Catem del Sur in Spanish) in Golfito, the southern border area with Panama. It is a mandatory stop where they must spend at least one night.
There, the Costa Rica General Office of Immigration and Foreign Affairs submits them to a "biometric control" test with devices that recognize their irises, facial features, and take their fingerprints. This information verifies that they are not being sought by police authorities from other countries or by Interpol.

If the authorities do not find any suspicious history, as it is with most cases, they give migrants a 25-day Entry and Transit Permit (PIT in Spanish), extendable once only for an additional 25 days, so that they can enter the country with a regular migratory status.

This measure was adopted since June 2016, after the closure of the Nicaraguan border left thousands of migrants stranded in Costa Rica. Initially, it benefited people from Africa and South Asia. Over the years, it was extended to anyone in transit, to continue their journey to northern countries.

Migrants receive medical attention at this center, and the authorities suggest they move around on public transportation. Authorities also inform them that if they want to stay, they can submit their application, and then continue to explain their options, such as applying for refugee status.

"The southern office of Catem has a very specific and concrete nature because it seeks to organize the migratory flow and to guarantee public safety," summarizes Alonso Soto, deputy chief of the Costa Rican immigration police, and coordinator of the centers of migrant services.

Between 2016 and 2019, the Costa Rican government registered more than 41,000 migrants from Africa and Asia.

The other center of migrant services in Costa Rica is located near the border with Nicaragua. Unlike the first, this one is not a mandatory checkpoint, so migrants do not have to pass through it unless they want to. There’s a tent with food and hygiene items that are distributed daily to the migrants who stay here, and there is an ambulance that offers around-the-clock medical attention.

"Only those who are tired, sick, pregnant, or don’t have the financial means come here," says Irlanda Castro, an immigration police officer who works there.

They have set up a makeshift office with a desk and some supplies. There, Castro says that migrants "are waiting for their families to send them money, or they are exhausted and come here because crossing the jungle is very difficult (...) they go by without food, they arrive with allergies, with the flu, and with stomach illnesses."

But Costa Rica is only a fleeting respite on the journey to the United States. "Entry and transit, not exit," highlighted the director of the Professional Migration Police (PPM), Stephen Madden, back in October 2019 when we interviewed him at his office in Heredia, a province near San Jose, the capital city.

This means that even though migrants do leave Costa Rica, they cannot go through authorized border checkpoints because there is no agreement between Costa Rica and Nicaragua to organize this type of migration flow. "It is a matter of souveragnity, the Nicaraguan government decides on the process and how these people are going to enter their country," said the deputy chief of the immigration police.

Nonetheless, the institutions and police bodies of Costa Rica have complete knowledge of migrants leave the territory through the clandestine paths and continue north. "The borders of our countries are very open," said Officer Madden.

“To stop the extra-regional migration flow means to wear out in a complicated, complex, and expensive operation. It’s best to order it and ensure that anyone who arrives through that flow is documented," added Soto.

Madden says that “the solution is not to have a police officer every hundred meters because it would be practically impossible to exercise such control." He specifies that the policing efforts are focused on detecting migrant trafficking networks.

The Costa Rican police is also aware that many other migrants enter irregularly, without being submitted to the biometric control in the southern Catem. They say that criminal organizations dedicated to migrant trafficking prey on these migrants.

"Most of them are people who made contracts with these human trafficking networks in their home country,and they take them on different routes through different countries," said Madden.

The “open borders” and clandestine crossings that Madden talks about are similar to what Hurtado sees every day outside his home: The police cannot control every inch of the border, and many families near this borderline turn migration into a business, even charging a toll to those who walk through theirs backyards.

Passing through these purposefully clandestine routes increases the risk for migrants. For instance, they’re often robbed. In February 2020, according to the immigration police officer Irlanda Castro, a family left the northern Catem but returned just a few hours later because they were assaulted on their way to Nicaragua.

Catem centers, in the end, are also attractive spots for coyotes. "The most important operations of these traffickers’ organizations are close to the Catem," Soto acknowledges. "It is because they know where the migration flow is."

Those trails, the cash collections at the border, and the trafficking networks operating nearby make up a rather complicated scenario. A joint investigation by the prosecutors' offices for migrant smuggling in Costa Rica and Panama revealed that there is also a sea route to move migrants from Costa Rica to Nicaragua or even Honduras.

In fact, in September 2017, an African adult and a child died in a shipwreck when the Costa Rican Coast Guard police intercepted the boat with two coyotes and 31 migrants. They had all stayed at the northern Catem.

"There was an accident at sea that caused some of the migrants to lose their lives," Soto recalled. Costa Rica's Coast Guard director, Martín Arias, declined to comment on the case. Two and half years after the fact, he argued d that it was still under investigation.

The prosecutors' joint investigation included 56 raids in both countries. On July 30, 2019, they arrested 52 people, including Ana Yansy López Martínez, known as “Mama Africa,” the alleged gang leader.

According to the Costa Rican Prosecutor's Office and the Immigration Police, López' network charged between $ 7,000 and $ 20,000, and moved at least 249 people illegally through Costa Rica.

***

Several migrants walk through the streets of La Cruz, a Costa Rican border town, just south of Nicaragua. Some walk up to three kilometers from the northern Catem, where they are staying temporarily, to the community park just to sit for a few hours.

We ran into Pascal Belony there, one afternoon in January 2020. A Haitian migrant, he hasn’t been able to continue his journey to Nicaragua because he can’t afford the letters of safe-conduct for himself, his wife, and his children. Belony and his family don't want to risk crossing through “the wall” or other clandestine trails because of the danger that exists.

Others, like Gafourou Guiro, have decided to change their destiny. On January 27, 2019, Guiro left his homeland Burkina Faso, where he was kidnapped and persecuted. He traveled to Brazil and stayed there for nine months, working. He then migrated to Costa Rica.

Guiro lived for a while in the northern Catem, but he then decided to leave and move in with an acquaintance here. "I am going to seek refuge," he tells CLIP and shows his application card.

Like many immigrants, he saw compatriots die in the Darien jungle. “We even saw women and children die in the jungle, and people who abandoned children because they could no longer bear it. It was very, very catastrophic,” says Guiro. A nurse by profession, bags groceries at a supermarket in La Cruz.

"I know that the United States is more developed than Costa Rica," he says. "But I also know that there are many problems in the United States: the insecurity, the racism that we see in the media," he says in a calm voice, and without blinking for a few seconds. "I know we can find peace, security, harmony, and solidarity here."